Fuente: El Confidencial
El movimiento ya ha provocado una fuerte caída de las acciones de Alibaba, a la que pertenece la aplicación de pagos, que se dejan más de un 5%.
Pekín pretende disolver Alipay, la plataforma de pagos en línea propiedad de Ant Group, según informa el diario londinense ‘Financial Times‘. El Gobierno chino continúa su agresiva política regulatoria contra las tecnológicas y pretende crear una ‘app’ separada para el rentable negocio de préstamos de la compañía de Jack Ma.
El movimiento ya ha provocado una fuerte caída de las acciones de Alibaba, la propietaria de Ant, que se han dejado un 4,22% este lunes en la bolsa de Hong Kong. El Hang Seng, que agrupa a las principales tecnológicas, ha perdido un 1,5%.
Los reguladores chinos habían ordenado a Ant que separase sus negocios de préstamos —Huabei, que es similar a una tarjeta de crédito tradicional, y Jiebei, que hace pequeños préstamos sin garantía— del resto de sus ofertas financieras y que incorporase accionistas externos.
Ahora van un paso más allá y quieren que los dos negocios se dividan también en una aplicación independiente. El plan exigiría a Ant que entregase los datos de los usuarios en los que se basan sus decisiones de préstamo a una nueva empresa conjunta de calificación crediticia que sería en parte propiedad del Estado, según dos personas familiarizadas con el proceso.
«El Gobierno cree que el poder de monopolio de las grandes empresas tecnológicas proviene de su control de los datos», dijo al ‘FT’ una persona cercana a los reguladores financieros de Pekín. Y añadió: «Quiere acabar con eso».
La medida puede frenar el negocio de préstamos de Ant, cuyo enorme crecimiento de Huabei y Jiebei impulsó en parte su salida a bolsa el año pasado. CreditTech, que incluye las dos unidades, superó al principal negocio de procesamiento de pagos de Ant por primera vez en la primera mitad de 2020, para representar el 39% de los ingresos del grupo, que tiene más de 1.000 millones de usuarios.
El tamaño de la unidad, que ayudó a emitir alrededor de una décima parte de los préstamos al consumo no hipotecarios del país el año pasado, sorprendió a los reguladores, preocupados por el riesgo financiero que esto puede suponer.
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