El regulador uruguayo también alertó por infracciones graves de una asesora de inversión argentina vinculada a la firma de Alejandro Muszak.
La caída de la fintech Wenance en Argentina tuvo un efecto contagio en Uruguay. Después de que la firma sea acusada de usura y estafa y que a su CEO, Alejandro Muszak, le embargaran la Ferrari, unos 300 uruguayos denunciaron haber sido estafados por USD 10 millones por la compañía argentina. Algunos meses después, el Banco Central del Uruguay (BCU) instruyó el cierre de sus actividades.
Wenance estructuraba fideicomisos privados para financiar los préstamos que otorgaba. Con la promesa de buenas rentabilidades, la empresa había captado a empresarios, abogados, contadores y comerciantes como clientes. Pero de un día para el otro, dejó de pagar dividendos, según la denuncia que presentaron los inversores a la Fiscalía uruguaya. Inicialmente, plantearon que sufrieron una pérdida de USD 7,5 millones, una cifra a la que se suma la de otro grupo de denunciantes, que ronda los USD 1,5 millones.
En principio, la denuncia era de unos 300 damnificados pero esa cantidad se duplicó. En un segundo escrito, los denunciantes aseguran que la actuación de la tecnológica dañó el patrimonio de más de 600 personas y elevó la estimación del perjuicio a USD 20 millones.
Ocho meses después de presentada la denuncia, el BCU publicó una comunicación en la que instruye del “cese de las actividades sin autorización y habilitación” de Wenance Uruguay.
En marzo, en tanto, el BCU resolvió la cancelación de las actividades de la asesora de inversión Big Capital, a la que dio de baja del Registro del Mercado de Valores.
Se trata de una empresa argentina que llegó a Uruguay en febrero de 2022. La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU inició las actuaciones de supervisión y constató una “multiplicidad de incumplimientos”, consignó El País. Una de las faltas constatadas era que “no se encontraba desarrollando asesoramiento en inversión o canalización de órdenes de clientes” cuando estas eran las actividades que definían la licencia del asesor de inversión.
“Los ingresos de Big Capital corresponden solo a esta actividad, emitiéndose la totalidad de las facturas a Wenance Uruguay S.A”, indicó la resolución del regulador uruguayo.
“La multiplicidad de incumplimientos, la imposibilidad de evaluar al personal superior de la firma, así como la falta de acceso a la información vinculada con su actividad, en particular a los registros que debe mantener como asesor de inversión, no permite ejercer la debida fiscalización por parte de este Banco Central, lo cual supone una infracción grave que amerita el cese de actividades”, concluye el BCU.
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Edificio del Banco Central de Uruguay, en Montevideo (REUTERS/Andres Stapff)
Tras estas definiciones en Uruguay, la investigación penal en Uruguay avanza en la Fiscalía de Delitos Económicos. Los denunciantes pretenden que sea imputado Alejandro Muszak por delito de estafa y apropiación indebida y también sugieren que pida a Argentina la extradición.
Según la defensa de los damnificados, el trabajo de la Fiscalía uruguaya encontró un “elenco de evidencias que son suficientes para avanzar contra los responsables” de esas conductas. “Los responsables no pueden ni deben quedar impunes”, dice el escrito presentado por los abogados Andrés Ojeda, Fernando Posada, Bernardino Real, Luciano Real, Juan Antonio Rodríguez y Diego Lattanzio.
Los denunciantes aseguran que dos días antes de presentada la denuncia, la empresa vació las cuentas en dólares y en pesos del banco BBVA, un hecho que no consideran ni “casual ni accidental” sino “deliberado”.
“Existen fuertes indicios que permiten vislumbrar que, levantada la medida, Wenance podrá volver a desviar y ocultar tales fondos los que son, en definitiva, el único respaldo de las aproximadamente 600 víctimas”, agrega.
Los inversionistas entregaron sus ahorros para nutrir los microcréditos que la empresa entregaba a clientes que captaba a través de la plataforma financiera Welp. Wenance les hizo firmar un mandato a los uruguayos que aseguraba que ellos administraban y cobraban a su nombre.
Fuente: Infobae
