Las autoridades de España avanzan con una propuesta que reconfigura por completo el tratamiento fiscal de las criptomonedas y abre un frente de impacto directo en uno de los usos que más creció en los últimos años: el pago de salarios y servicios en activos digitales.
La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario Sumar, apunta a actualizar tres leyes clave del sistema tributario y coloca a empresas, empleados y plataformas especializadas frente a un escenario de mayor carga impositiva y nuevas obligaciones de cumplimiento.
El punto más sensible es el salto de las ganancias por Bitcoin y otros activos que no sean considerados instrumentos financieros desde la “base imponible del ahorro”, con topes del 30%, hacia la “base general”, donde la carga puede alcanzar el 47%. En paralelo, las ganancias corporativas vinculadas a operaciones con criptomonedas quedarían alcanzadas por un impuesto fijo del 30%. A eso se suma la propuesta de crear un “semáforo de riesgo” administrado por la CNMV para clasificar activos digitales según liquidez, registro y nivel regulatorio.
Qué implica para las soluciones de nómina en criptomonedas
El impacto sobre las plataformas que permiten pagar salarios en activos digitales sería inmediato. El aumento de la presión tributaria obligaría a reforzar los módulos de cálculo, retención y reporte, así como a ofrecer herramientas más precisas para que las empresas puedan cumplir con los nuevos tramos fiscales.
La iniciativa del semáforo de riesgo agrega otra capa de complejidad: las plataformas deberán garantizar que las operaciones se realicen con activos y proveedores que se ajusten a la nueva clasificación. Esto podría elevar costos operativos y demandar procesos de verificación adicionales para cada transacción utilizada en la nómina.
Startups fintech: más obstáculos en un entorno que busca endurecer controles
Para las fintech que operan con criptomonedas, la propuesta llega con señales contradictorias. Por un lado, España busca más transparencia y herramientas para ordenar un mercado que creció rápido. Por el otro, la combinación de impuestos más altos, procesos más estrictos y una eventual ampliación del régimen de incautación sobre activos digitales, incluso aquellos que no están bajo el paraguas de MiCA, preocupa a fundadores e inversores.
El riesgo es que la carga regulatoria termine empujando a proyectos jóvenes a migrar a países con regímenes más livianos, especialmente en un sector donde la movilidad y la competencia regulatoria entre jurisdicciones son moneda corriente.
Qué debe tener en cuenta el ecosistema frente a este nuevo escenario
El cumplimiento pasa al centro de la escena. Las empresas que utilicen criptomonedas para pagar salarios tendrán que revisar cómo calculan retenciones, cómo reportan operaciones y qué información trasladan a los empleados, que también verán modificada su situación fiscal.
Fuente: Cripto 247
