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Inclusión financiera, un reto para reducir la pobreza

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Bogotá

Colombia se ha convertido en los últimos años en un referente latinoamericano en materia de reducción de pobreza. Esto ha sido el resultado de la implementación de políticas que generan mayor dinamismo en la economía y que permiten, como afirma el Banco Interamericano de Desarrollo, tener a más de la mitad de nuestra población actual en la clase media.

Esta es precisamente una de las principales tareas del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, liderado por el Departamento para la Prosperidad Social, desde donde nos hemos enfocado en formular y promover políticas que permiten a las poblaciones vulnerables lograr una mayor movilidad social.

Este trabajo contribuye a la creación de espirales virtuosas, que tienen un impacto real en la reducción de la pobreza y crea oportunidades de largo alcance para que un ciudadano en condición de vulnerabilidad o víctima de la violencia, alcance un mejor nivel de vida.

El reto es implementar iniciativas que suplan carencias en educación, salud, vivienda o habitabilidad, y que se complementen con planes que apunten a la inclusión laboral y a la generación sostenible de ingresos.

Este último punto requiere una particular atención. Estamos convencidos que brindar acceso a servicios financieros y herramientas, que permitan a los núcleos familiares tomar decisiones acertadas para administrar sus recursos, es fundamental para mejorar su calidad de vida y reducir su condición de vulnerabilidad. En este sentido, desde el DPS hemos contribuido con la inclusión financiera en Colombia por medio de la bancarización de comunidades que hacen parte de nuestro programa Más Familias en Acción, con el que hemos podido beneficiar a más de 2,4 millones de personas.

Sin embargo, para que estas acciones puedan tener mayor cobertura y generar desarrollo, es necesario que las iniciativas cuenten con la participación activa tanto del sector público como del sector privado. Por una parte, mediante la oferta de productos que se ajusten a las necesidades de las poblaciones objetivo y, por la otra, logrando que los programas de inclusión y educación financiera que se originan desde el sector privado impulsen la formulación de políticas públicas aplicables en todo el territorio nacional.

Un ejemplo de lo anterior es el proyecto LISTA PARA AHORRAR, liderado por la Fundación Capital y primer sistema de educación financiera en tabletas digitales en el mundo para personas en estado de vulnerabilidad y de bajos recursos; que permite a los receptores fortalecer sus conocimientos financieros, aprender a ahorrar, hacer un presupuesto y familiarizarse con el uso de cajeros automáticos.

Los resultados son evidentes. Tan solo entre el 2014 y el 2015, esta iniciativa que cuenta con el apoyo de entidades como el DPS, la Banca de las Oportunidades, el Banco Agrario, la Fundación Citi, la Fundación Ford y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, llegó a 10.000 beneficiarios del programa Más Familias en Acción de las zonas más vulnerables del país.

Sabemos que la inclusión financiera contribuye a la disminución de la pobreza. El reto es contar con un trabajo coordinado del sector público y privado para aprovechar la experiencia adquirida a través  de programas exitosos para convertirlas en políticas públicas que garanticen la diseminación de sus beneficios por todo el territorio nacional. De esa forma, lograremos que millones de familias colombianas estén un paso más cerca de salir de la pobreza.