Por Fernando Yáñez, Presidente Ejecutivo de Denaria Chile
Recientemente, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció el fin de las tarjetas de coordenadas, con el objetivo de aumentar la ciberseguridad en las transacciones digitales del país. La medida, en principio, busca reemplazar este mecanismo por sistemas más robustos de autenticación, como aplicaciones móviles, dispositivos token o claves dinámicas. El anuncio generó preocupación inmediata, sobre todo respecto de personas mayores y quienes no tienen acceso a internet. Frente al debate público, la autoridad decidió postergar la entrada en vigor de la medida por un año, para facilitar la transición.
Sin embargo, más allá del tiempo en que se implementará la medida, lo ocurrido con la tarjeta de coordenadas conduce a un cuestionamiento más profundo: ¿deben ser las transacciones digitales la única opción que exista para las personas en Chile? La realidad indica que no. En nuestro país, miles de personas no cuentan con acceso regular a la tecnología o carecen de habilidades para utilizarla, por lo que para ellas el uso de efectivo es clave para su día a día. Esto incluye adultos mayores, personas de bajos recursos, personas con discapacidad, migrantes, habitantes de zonas rurales con conectividad deficiente o inexistente, y pequeños comercios que todavía operan de manera manual.
Además, el desafío no se limita al acceso digital. Datos recientes de diferentes instituciones estiman que cerca de un 10% de la población en Chile no está bancarizada, es decir, más de dos millones de personas. Dentro de este grupo se encuentran personas sobreendeudadas, mujeres afectadas por la brecha de ingresos, adultos mayores con pensiones insuficientes, migrantes sin documentación regularizada y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que no han podido acceder al sistema financiero formal.
En este contexto, el derecho al uso de efectivo no es una discusión anacrónica, sino una herramienta de inclusión social. Obligar a que todas las transacciones se realicen por medios digitales, sin alternativas presenciales o en efectivo, podría profundizar las brechas existentes y dejar fuera a quienes más necesitan ser incluidos en la economía. Es más, países como España o Francia han establecido normativas para garantizar la aceptación del efectivo como medio de pago en todo el territorio, precisamente para evitar la exclusión.
El avance digital no debe ser sinónimo de eliminar opciones para las personas, sobre todo cuando para muchos es la única alternativa que tienen. Mantener el derecho al uso de efectivo debe ser un complemento al avance digital. De lo contrario, como país estaremos excluyendo a millones de personas y a las Mipymes, que son el sustento para una gran parte de la población chilena.
